Contra los recortes y la militarización de los conflictos laborales

El gobierno de Zapatero en la persona de José Blanco ha generado el caos aeroportuario. Un ataque a las condiciones laborales seguido de un linchamiento en toda regla, decreto del estado de alarma (redactado por la mañana antes de sacar el real decreto de ataque a los y las controladoras) y un colectivo de trabajadores y trabajadoras obligados, manu miliari, a hacer horas extraordinarias obligatorias, a recuperar los días de enfermedad, a no contar como horas laborales las horas de descanso. Todo ello en la semana que el gobierno anunció el paquete de recortes más severo en lo que va de año, centrado en el recorte de las pensiones, la privatización de los aeropuertos y la eliminación de la ayuda a los desempleados que no reciben ningún tipo de prestación.

Durante ese mismo fin de semana, José Blanco y Carmen Chacón, ministros de fomento y del ejército respectivamente, tenían la desfachatez de soltar perlas como éstas: "Nnadie puede abusar de sus privilegios” para tratar de ”doblegar” a un país, a un Gobierno y a los ciudadanos, además de originar cuantiosas pérdidas económicas en el sector turístico y perjudicar a la "marca país".

Todo ello cuando el sábado 27 de noviembre, es decir tres días antes del ‘paquetazo’, el presidente del gobierno se había reunido con los 38 empresarios más poderosos del Estado y había aceptado, una por una, las exigencias de éstos. En primer lugar, eliminación del PRODI, que va a dejar a cerca de 700.000 personas sin ingresos –en total unos 840 millones de euros al año, calderilla si lo comparamos con los miles de millones que se han dado a los bancos, tantos que ya ni se sabe, o los 60.000 millones de déficit. Negativa del gobierno a regular la dación en pago (es decir, que una persona desahuciada quede libre de la deuda, como pasa en EEUU) ya que ésta, en palabras de José Blanco, Ministro de Fomento, podría poner en apuros al sistema financiero. Por otro lado, bajada de impuestos a las Pymes, quedando prácticamente libres de impuestos la empresas que facturen en torno a 10.000.0000 de euros anuales.

Curiosamente, no se ha cuantificado el montante que van a dejar de recibir las arcas públicas con esta amnistía fiscal. Además, Rubalcaba anunciaba ayer que el gobierno tiene preparado el decretazo de las pensiones para el 28 de enero.

Por último, la privatización del 49% de Barajas y el Prat, dos aeropuertos totalmente renovados a cargo de las cuentas públicas y que ahora se van a poner en manos de algunos de los empresarios que acudieron a Moncloa. No se sabe si la factura de la T4 y la T1 –las dos macroterminales de Barajas y el Prat– la vamos a seguir pagando entre todos mientras Avertis o Ferrovial se forran, pero es de esperar que será así. Como siempre en las privatizaciones, primero se sanean y modernizan las empresas con dinero público y luego se privatizan.

El gobierno ha utilizado a los controladores para exhibir músculo represor ante los mercados y el consejo de ministros de economía de la zona euro y para dar ejemplo a otros grupos de trabajadores sobre qué puede pasar si desafían al Estado. La declaración del estado de alarma, el primero después del franquismo, es de una enorme gravedad. Da una indicación tanto de la magnitud de la crisis económica y financiera en el Estado español como de las medidas a la que está dispuesto el gobierno para contentar a los mercados internacionales. No es casualidad que todo esto haya sucedido en un momento en el que sube el riesgo de la deuda española, poco después del rescate de Irlanda. Como En lucha:

• Constamos la sumisión total del gobierno a los poderes fácticos capitalistas, hoy llamados ‘mercados’, UE y FMI, ya que desde hace un año el gabinete de Zapatero ha gobernado totalmente al dictado de la plutocracia. El gobierno está siendo débil ante los fuertes y fuerte ante los débiles.
• Nos oponemos totalmente a la militarización de los conflictos laborales, ya que sienta un precedente muy peligroso en esta época de recortes. En este sentido, la actitud de las direcciones de CCOO y UGT, así como del portavoz de IU Gaspar Llamazares, han sido lamentables al condenar a los controladores. Es necesario recordar que en la última huelga general les impusieron servicios mínimos del 120% (!).
• Nos ponemos del lado de controladores y controladoras, cuyos salarios totales ascienden a 300 millones de euros, incluyendo las horas extraordinarias obligatorias. El déficit público asciende a 60.000 millones y las ayudas a los bancos a más de 100.000 millones.
• Emplazamos a todas las personas que luchan contra los recortes a participar en las movilizaciones de este mes reclamando un plan de lucha contra los recortes y el ‘pensionazo’ que incluya una huelga general para enero.

¡No pagaremos su crisis!

En lucha/En lluita/Borrokan, diciembre de 2010